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La alcaldesa, en el punto de mira andaluz por negocios privados con el servicio de basuras

EL PAÍS  destapa los negocios privados cercanos al PP con la privatización de las basuras en VALVERDE

Un hermano de Loles se beneficia de un contrato con FCC justo al privatizar el PP el agua y las basuras

El concejal del PP y delegado de Hacienda en Bollullos Par del Condado (Huelva), Francisco José Martín Carrellán, y Domingo López Gabarro, hermano de Dolores López, alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva) y diputada del Partido Popular en el Parlamento andaluz, han alquilado propiedades a Aqualia y a FCC, empresas a las que los Ayuntamientos han concedido la gestión de los servicios de agua y de basura.

La situación en Valverde es parecida, aunque en este caso la propiedad beneficiada por el alquiler de la empresa concesionaria de basuras, FCC, no es directamente de la alcaldesa, pero sí de su hermano. Se trata de la parcela 105 del polígono industrial Monete, que figura como nave industrial y a nombre de Domingo López Gabarro.

En la concesión del servicio, se prevé la construcción de una nave en la que se invertirán 400.000 euros. El edificio no se ha construido y, por el contrario, se alquiló la propiedad del hermano de la alcaldesa. Además, el Ayuntamiento sí mantiene, según informó el secretario general del PSOE local, Pedro Domínguez, una obligación de pago de 121.735 euros anuales durante 10 años a la concesionaria. En los presupuestos de 2012 y 2013 hay consignadas dos partidas de 837.204 euros.
Domínguez ha reclamado reiteradamente la creación de una comisión especial informativa en el Ayuntamiento de Valverde para estudiar la renuncia a la prestación del servicio por parte de una entidad pública y los contratos vinculados a esta operación, pero el PP se ha opuesto.

La alcaldesa no respondió a este medio y el viceportavoz popular en la Diputación, José Domingo Doblado, asumió la respuesta de esta formación y argumentó que “la empresa privada es libre de hacer lo que quiera y no tiene que pasar por pleno”.
La oposición por el contrario califica los hechos de “inmorales” y duda de que no suponga una irregularidad. En este sentido, fuentes municipales consideran que la norma sobre incompatibilidades que afecta a los concejales en relación con los contratos de servicios públicos también afecta a sus familiares directos.
Las regulaciones de los conflictos de intereses de miembros de la Administración y la norma sobre incompatibilidades suponen límites y prohibiciones no solo para los cargos electos sino también para “cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes”. La norma establece que “quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

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